Redacción. Madrid
La Fundación del Cerebro FEEN ha presentado el informe ‘Impacto socioeconómico de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias’, coordinado por Cristina Prieto en colaboración con Eimil Ortiz, Carlos López de Silanes y Marcos Llanero. El trabajo confirma que los casos de demencia se incrementan de forma exponencial con la edad. Así, mientras su prevalencia se sitúa por debajo del dos por ciento en el grupo de edades comprendidas entre los 65 y 69 años, este valor se duplica cada cinco años, alcanzando un 10-17 por ciento en el grupo de 80 a 84 años y llegando a valores del 30 por ciento por encima de los 90 años.

Cristina Prieto y David A. Pérez.

De esta forma, se calcula que, en el año 2050, en España habrá más de un millón de enfermos, mientras que, en todo el mundo, la cifra llegará hasta los 113 millones. “Por tanto, es previsible una auténtica epidemia mundial en los próximos años, debido al envejecimiento progresivo de la población”, asegura David A. Pérez, director general de FEEN. “No obstante, se calcula que llevar a cabo actividades preventivas, permitiría retasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer y, por tanto, reducir unos 12 millones los casos mundiales en 2050”, matiza el neurólogo.

“Aunque la enfermedad de Alzheimer supone entre el 60 y el 80 por ciento de los casos de demencia, existen numerosas patologías que también la producen, como las producidas por enfermedad vascular cerebral, siendo esta la segunda causa más frecuente”, explica Cristina Prieto. La demencia aumenta la carga de morbilidad de las personas afectadas, con especial incidencia de problemas de índole vascular (17,9 por ciento padece cardiopatía isquémica, 32,3 por ciento ictus cerebrales), riesgo de caídas (el 17,7 por ciento de los pacientes sufre alguna fractura), infecciones (el 14 por ciento ha tenido neumonía) y depresión (más de la mitad de los pacientes). Además, es también un factor de riesgo importante de ingreso hospitalario, ya que se incrementa de manera muy significativa la estancia media de los pacientes (78,11 días frente a 6,9 de media), siendo los ingresos médicamente complejos. De hecho, los gastos sanitarios de enfermos de alzheimer son un 34 por ciento mayores que los derivados de una población similar sin la enfermedad.

La mortalidad atribuible a la demencia (30 por ciento en varones, 50 por ciento en mujeres mayores de 85 años) se sitúa en un nivel cercano al de otras enfermedades como el cáncer o las enfermedades vasculares. Además, es una de las principales causas de discapacidad en los países de nuestro entorno: provoca una mayor dependencia que enfermedades como el ictus, la enfermedad de Parkinson o las enfermedades cardiovasculares. “A pesar de ello, la demencia no constituye habitualmente una prioridad de salud pública, con la dificultad que esto implica para la puesta en marcha de programas de prevención en estadios precoces”, comenta David A. Pérez. “No obstante, nuestro país es pionero en la salvaguarda de la autonomía y dignidad del paciente con demencia, gracias a la elaboración del Documento Sitges 2009, que sienta las bases éticas y legales de atención al paciente con demencia”, afirma.

En España, la mayor parte del gasto ocasionado por la demencia corre a cargo de la familia del paciente (87 por ciento frente al 13 por ciento asumido por fondos públicos). Esto hace que el coste económico esté infravalorado, lo que no permite una buena planificación presupuestaria. Aun así, se calcula que, en 2004, el gasto total fue de 8.200 millones de euros, lo que habría significado, de haber sido asumido por el presupuesto total de sanidad, el 10 por ciento de los gastos; por otro lado, el coste anual por paciente oscilaba entre 18.000 y 52.000 euros, según la gravedad de la demencia. “Dentro de las medidas que pueden reducir el coste total de las demencias figuran el diagnóstico precoz, la implementación de un tratamiento en las fases leves y el empleo de alternativas terapéuticas no farmacológicas”, explica Prieto.

Por otra parte, se calcula que el paciente con enfermedad de Alzheimer precisa de unas 70 horas de cuidados a la semana, que recaen, principalmente, sobre los familiares. Dichos cuidadores muestran un incremento considerable de enfermedades psicológicas y físicas: hasta el 75 por ciento sufre estrés y el 50 por ciento depresión, lo que origina una pérdida de calidad de vida y una institucionalización más temprana del paciente.

El informe también señala que, en nuestro país, existe una proporción muy importante de demencias no diagnosticadas, especialmente en las fases más leves, debido a una falta de concienciación social, y a una escasa planificación sanitaria pública (falta de formación y de infraestructuras adecuadas); a pesar de que el diagnóstico precoz ha demostrado claramente una reducción de la repercusión social y del impacto económico de la enfermedad. “No obstante, la sospecha de demencia se ha convertido en el primer motivo de consulta en neurología, lo que contrasta con la escasez de tiempo disponible por paciente y la falta de unidades especializadas. Es necesario implementar programas globales que permitan un diagnóstico precoz, un tratamiento multidimensional y un abordaje multidisciplinario que abarque no sólo al enfermo sino también a los cuidadores principales, que permita reducir la carga sanitaria, social y económica de las demencias”, concluye el informe.